¿Está la Glasgow Financial Alliance en peligro?: acciones y reacciones ante el cambio climático y las finanzas sostenibles

Por Pilar Perales Viscasillas

Más allá de los intereses individuales o particulares, los litigios estratégicos sobre cambio climático -acompañados de campañas mediáticas- son un dispositivo poderoso que se está utilizando como herramienta estratégica y de litigio cuando se percibe una acción insuficiente por parte de gobiernos y empresas para hacer cumplir las obligaciones en materia de cambio climático, para presionar y orientar la legislación o las políticas corporativas climáticas, para aumentar la ambición en los esfuerzos climáticos, y como instrumento que ayude a debatir y/o dialogar, internacionalizar y globalizar el problema y corregir comportamientos. Una sensibilidad e interiorización creciente de la “emergencia climática” está convirtiendo al litigio estratégico en una herramienta para abordar el cambio climático. Buena muestra de ello son los numerosos litigios que aparecen recogidos en la Climate Change Litigation Databases del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia.

Como toda acción trae consigo una reacción, estamos viendo una coordinación de respuestas y movimientos de presión en ambos lados de la cadena que amenaza algunas iniciativas importantes en el área de las finanzas sostenibles y el cambio climático como las alianzas Gfanz (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), que creada en abril 2021 bajo la COP26 por Mike Carney, enviado especial de la ONU en materia de acción climática y finanzas, es una coalición de instituciones financieras comprometidas con acelerar la descarbonización de la economía y que se subdivide en ocho diferentes alianzas estratégicas, en lo que ahora más nos interesa las tres siguientes: Net-Zero Banking Alliance (NZBA), Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) y la Net-Zero Asset Owner Alliance (NZOA).

Estas iniciativas se están cobrando las primeras víctimas presumiblemente bajo la excusa de conductas contrarias a la libre competencia que en realidad están siendo promovidas por los lobbies de presión de la industria del carbón, gas y petróleo de los Estados abanderados por los Fiscales Generales de los estados productores de esas energías (republicanos), y las tensiones políticas inherentes a las próximas elecciones presidenciales entre los dos grandes partidos en ese país a favor (demócratas) y en contra (republicanos) de las políticas climáticas. Ello sin olvidar la situación geopolítica actual y el gran negocio que supone para las industrias petroleras y gasistas la crisis energética en Europa derivada de la guerra de Ucrania.

Las acusaciones y denuncias realizadas por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en agosto de 2022, quien se unió a otros 18 estados en una carta al CEO de BlackRock, Larry Fink, en la que denunció la excesiva confianza de este inversor institucional en los criterios ESG en lugar de poner el foco en los deberes fiduciarios hacia sus partícipes en la gestión de los fondos de pensiones estatales. Los objetivos “ESG”, en opinión del fiscal general, aunque aparentemente bien intencionados, tienen poco sentido económico y tienen un efecto adverso directo en las economías de petróleo y gas de Texas y el desempeño de los fondos de pensiones estatales. Consecuencia de ello, y pese a la resistencia de BlackRock, respuesta de Larry Fink, 6 septiembre 2022, otro gran inversor institucional, Vanguard, decidió salir de la NZAM (Net Zero Asset Managers) a finales de diciembre de 2022. Lo que a su vez provocó la reacción de 1400 inversores individuales que enviaron una carta en abril 2023 a Vanguard afirmando que está incumpliendo sus deberes fiduciarios en relación al deber de mitigar los riesgos relacionados con el cambio climático.

Los Fiscales siguieron con sus acciones de presión moviendo el foco al sector bancario. Así, el 19 octubre 2022, el mismo fiscal general de Texas, junto con otros 19, anunció el inició de una investigación de competencia contra seis instituciones bancarias estadounidenses que son miembros de la Net-Zero Banking Alliance (NZBA). Aunque, de momento, ninguna institución bancaria ha salido por dichos motivos de la alianza bancaria, a finales de octubre 2022, las reglas de membresía de las diferentes alianzas se modificaron para que la obligación de cumplir con los estándares mínimos de la campaña Race to Zero de las NNUU sean ahora sólo una mera sugerencia. Decisión que sí implicó la salida de un miembro de la NZBA: el banco alemán GLS que dejó la alianza el 3 enero 2023.

En esta escalada, los activistas climáticos no se han quedado parados como lo demuestra la carta remitida el 8 marzo 2023 por 37 ONG´s al Presidente de la NZBA, en la que se le pide a las instituciones financieras miembros de la alianza que no concedan apoyo financiero ni ningún servicio a los proyectos de infraestructura de gas extraído mediante fracking: Texas LNG, Rio Grande y Rio Bravo. Proyectos de gran impacto ecológico y que no parecen estar en línea con los Principios de Ecuador.

Entre estas tensiones, el 17 enero 2023, 21 fiscales generales enviaron una carta a los asesores de voto Institutional Shareholder Services, Inc. y Glass Lewis & Co., que respondieron mediante carta de 31 enero 2023; y el 30 marzo 2023, 21 fiscales generales republicanos escribieron una carta dirigida a más de 50 gestores de activos de EEUU en la que se declara su intención: “to enforce [their] states’ civil laws against unfair and deceptive acts and practices and state and federal civil laws prohibiting agreements to restrain competition”. En la carta se citan expresamente las obligaciones asumidas por los miembros de Net Zero Asset Managers Initiative (NZAM) y Climate Action 100+ en relación con el compromiso de los emisores en temas de cambio climático y descarbonización. No faltan tampoco acusaciones de greenwashing o de información engañosa, ni tampoco aquellas dirigidas contra las compañías de seguros.

Las recientes salidas de varios de los miembros fundadores de la NZIA desde finales marzo hasta el momento de escribir estas líneas de la NZIA: Munich Re, Zurich, Hannover Re y Swiss Re, Allianz, AXA y SCOR, Mapfre, Lloyd´s y QBE, aunque sólo la primera se refiere al riesgo (limitado) de exposición a prácticas anticompetitivas confirman las tensiones en este ámbito y cómo el riesgo, en este caso, político anti-ESG puede ser determinante para el comportamiento empresarial.

La NZIA reaccionó publicando un comunicado en el que enfatiza la importancia de la alianza y declarando que todos los miembros de la NZIA cumplirán estrictamente con las normas de competencia y que, en ningún caso, compartirán información ni pondrán en práctica conductas que puedan entrañar riesgos de multas por eventuales incumplimiento de las normas de competencia, en particular los miembros son libres de establecer sus objetivos individuales para alcanzar los compromisos de la alianza y que NZIA no dará instrucciones a ninguno de los miembros sobre como alcanzar tales objetivos.

Cobra así sentido la carta, remitida el 15 mayo 2023, de momento la última, por 23 Fiscales Generales dirigida a la NZIA y a 28 de sus miembros, donde también se resalta la pertenencia de muchas de las compañías de seguro y reaseguro a la NZOA. En dicha carta trufada de acusaciones de prácticas anticompetitivas especialmente a raíz de la publicación en enero 2023 del Net-Zero Insurance Alliance. Target Setting Protocol. Version 1.0, que recoge los distintos objetivos de reducción de emisiones, los Fiscales requieren a las compañías para que proporcionen determinada documentación como las relativas a las comunicaciones entre los miembros de la alianza relacionados con los compromisos adquiridos bajo la misma, o las comunicaciones entre la matriz y la filial en EEUU.

Más allá de los debates políticos, la cuestión desde la perspectiva jurídica es muy interesante y tiene una perspectiva más amplia. Diversos países ya están anunciando nuevas regulaciones (Holanda, Grecia, Austria y Hungría) y la Comisión Europea dentro de los objetivos del Pacto Verde Europeo y de los relacionados con el Desarrollo Sostenible de NNUU está trabajando en normas de competencia de gran calado, en lo que ahora nos interesa, en unas Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal (C(2022)1159) que ofrecerán orientaciones sobre cómo se evaluarán los acuerdos de cooperación horizontal más habituales con arreglo al art.101 del Tratado cuando persigan objetivos de sostenibilidad, esto es, cualquier tipo de acuerdo de cooperación horizontal que realmente persiga uno o varios objetivos de sostenibilidad independientemente de la forma de cooperación. Dentro del concepto de objetivo de sostenibilidad se incluyen, entre otros, al objetivo de luchar contra el cambio climático (por ejemplo, mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero).

En el proyecto normativo se recogen también directrices en relación con los acuerdos de estandarización de sostenibilidad. Alianzas como las que nos ocupan en este post podrían entrar en esta categoría, si bien quedan fuera del art.101.1 TFUE si se cumplen las condiciones acumulativas que se enumeran, como que el procedimiento para desarrollar el estándar de sostenibilidad es transparente y todos los competidores interesados pueden participar en el proceso de selección o que las empresas que participen deberán seguir teniendo libertad para adoptar individualmente un estándar de sostenibilidad más elevado que el acordado con sus competidores.